Por Diego Armando Cárdenas Rendón
Se acaban de conocer los nuevos lineamientos con los que la fuerza constitucional actuará de ahora en más en las situaciones de orden público; protestas, desmanes y acontecimientos violentos relacionados que se presenten en el territorio colombiano. El primer gran cambio es el nombre del grupo encargado de enfrentar los hechos, pasa de ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) a UNDMO (Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden).
Este cambio busca reivindicar las nefastas acciones de la Policía Nacional durante medio siglo, que salieron a la luz en las manifestaciones del año pasado y llevaron a cuestionar no solo sus funciones como representante del orden, también el tipo de educación que reciben sus miembros y el organigrama que la rige. De ahí que sus objetivos principales sean evitar al máximo el uso de acciones letales contra la ciudadanía y buscar espacios de negociación.
El documento Lineamientos Institucionales para el Restablecimiento del Orden (Instructivo Número 009 del 25 de sept. de 2022) instaura los ejes que pueden alterar la tranquilidad social y, por ende, se deben intervenir con fuerza. A saber: Manifestación pública, huelga, perturbación de transporte oficial o público, obstrucción de vías, asonadas y usurpación de inmuebles
La Dirección Nacional de la Policía, a cargo del General Henry Sanabria, firmante del documento, comprende las manifestaciones y protestas como derechos democráticos que se deben garantizar. Por eso, su primer paso para solucionar desmanes es el diálogo, lo que no quiere decir ausencia total de uniformados en ellas. Según el texto no las acompañarán de cerca, pero si las vigilarán.
En principio, el documento concuerda con las demandas nacionales de considerar la Policía una institución protectora y de servicio social en lugar de agresiva, pero es apenas un saludo frente a los pendientes estatales y su tarea de salvaguardar los habitantes del territorio colombiano. Tampoco es posible dejar de lado las ocasiones en las que el uso de la violencia sea necesario. Sin embargo, dicha violencia debe ser proporcional a los hechos y a los sujetos involucrados, ya que se trata de contener y no de agredir. Pero se han presentado cientos de casos en los que los uniformados exceden su fuerza, ocasionando incluso la muerte de civiles.
Ahora, el Estado lo pensará dos veces antes de sacar sus tanquetas y lanzar gases lacrimógenos a los manifestantes, su idea es hacerlo solo cuando sea absolutamente imprescindible y en el marco de los Derechos Humanos y las diferentes convenciones firmadas por Colombia en cuanto a la protección de los ejercicios democráticos, entre ellos, la protesta pacífica.
Igualmente, el documento brinda la competencia de identificar y capturar los líderes de las manifestaciones si sus acciones son ilegales. El problema surge cuando los uniformados agreden física y psicológicamente tales líderes, abusan del sistema jurídico para obtener condenas ejemplares y sembrar temor en los demás activistas o los desaparecen. Más grave aún, que a través de su papel de autoridad acosan las mujeres, como lo denunciaron participantes en el paro del 2021.
Anteriormente expresé en este mismo espacio que las condiciones sociopolíticas de Colombia en el pasado convirtieron la Policía en fuerza militar; es decir, su trabajo obedece a condiciones de guerra. Desde esa perspectiva se constituye como un grupo armado legítimo a merced del gobierno de turno, específicamente del Ministerio de Defensa y usado como herramienta para cometer actos atroces.
Mientras no se abandone la doctrina del ciudadano enemigo o enemigo interno como lo expone la Comisión de la Verdad en su informe y no se traslade la fuerza urbana constitucional al Ministerio de Justicia, tanto su imagen como sus funciones serán las mismas; un grupo armado, autoritario y agresivo que no busca proteger la ciudadanía sino castigar sus faltas de forma violenta. Los Lineamientos son aceptables, aunque insuficientes; el país necesita un profundo cambio en las doctrinas administrativas de la seguridad nacional.
Por otra parte, algunos miembros de la Policía se encuentran disconformes con estas medidas y en general con el enfoque que le está brindando el gobierno nacional a la institución. Al cierre de este texto se conoce la renuncia de 23 altos mandos policiales, seguramente de quienes prefieren una institución violenta. Algo que no debería asombrarnos; además, si estas instrucciones están causando escozor en los agentes de la Ley, quiere decir que van por buen camino.
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